La derogación del DACA o cómo acabar con el sueño americano

En 2014, el entonces presidente Obama declaró que el sistema migratorio de Estados Unidos estaba roto, abogando por la necesidad de una reforma que equilibrara las necesidades del mercado laboral con la contención de los flujos migratorios irregulares y la búsqueda de alternativas para aquellas personas que, residiendo ya en Estados Unidos de forma irregular, no tenían margen para regularizar su situación.

Ya en 2009, cuando iniciaba su primer mandato como presidente, Obama asumía el reto de repensar un sistema que debía responder a dos grandes preocupaciones. Por un lado, garantizar la seguridad de sus fronteras y el convencimiento que ningún delito (la entrada irregular) debe quedar impune; y por otro lado, la necesidad de solucionar la situación de los más de doce millones de personas que se calcula trabajan y residen irregularmente en Estados Unidos. Las dificultades con el legislativo impidieron una reforma integral del sistema, por lo que Obama optó por medidas parciales. Por un lado, se convirtió en el presidente bajo cuyo mandato, y hasta la fecha, más devoluciones en frontera se han realizado. Y por otro, impulsó el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) en 2012.

El DACA quería ser la cara más amable de este modelo de cal y arena: sin querer premiar a los que habían llegado a Estados Unidos de modo irregular, el programa protegía la residencia en el país de aquellos menores que habían entrado de forma irregular o cuyas familias habían continuado en el país cuando sus visados habían caducado. Se estima que unos 800.000 jóvenes, los llamados ‘dreamers’ en alusión al sueño americano y a la Dream Act nunca aprobada, se habrían beneficiado de la medida. Mientras la Dream Act ofrecía la residencia en Estados Unidos a estos menores en situación irregular –un procedimiento legislativo que tumbó el Senado en 2011, pero que tuvo su particular versión californiana–, el DACA era una solución parcial, y buscaba evitar la deportación de aquellos menores que cumplían con los requisitos, y a los que se dotaba de un permiso de trabajo y un número de la seguridad social para que pudieran trabajar. Los menores debían probar que no tenían antecedentes criminales, y que habían llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, así como tener menos de 31 cuando aplicaban al programa. La solicitud, con un coste de 500 dólares, garantizaba este estatus especial de ‘irregular regularizado’ por durante un periodo de dos años, que podía renovarse.

La llegada de Trump al poder, con un discurso de criminalización de la inmigración, ha redibujado claramente este delicado, y discutible, equilibrio entre la compasión y la mano dura. De hecho, la opción de Trump ha sido prestar solo atención a instrumentos que endurecen las opciones de acceder de modo regular a Estados Unidos. Se ha visto en su cacareada propuesta de construir un muro en la frontera sur del país y en la conocida como Refugee Ban. La rescisión del DACA es solo un paso más en esta línea de endurecimiento que, hasta la fecha, no ha demostrado un mejor control de fronteras pero sí una polarización del debate público sobre la inmigración (especialmente irregular) en Estados Unidos.

La revocación del DACA se ha justificado por las amenazas de algunos estados –siempre anunciadas pero no ejecutadas– de denunciar al gobierno federal. Mientras, 16 estados se plantean denunciar su finalización y las críticas –encabezados por los Dreamers junto con defensores de los derechos civiles y ejecutivos cómo los de Apple y Microsoft– no se han hecho esperar. El fiscal general estadounidense ya ha avisado que el Congreso deberá aportar alguna solución para estos jóvenes cuando el DACA deje de funcionar.

Con la decisión de Trump, el DACA ya no acepta más solicitudes: los jóvenes que actualmente forman parte del programa estarán cubiertos hasta que expiren sus permisos; y sólo podrán renovarlo aquellos cuyos permisos expiren antes de marzo de 2018. Para el resto de jóvenes que no emprendieron conscientemente el viaje migratorio hacia Estados Unidos, pero han crecido allí, se abre un periodo de incerteza e inseguridad. No se conoce aún que respuesta dará la administración Trump –y el Congreso– a estos jóvenes que se sienten parte de la sociedad en la que han crecido. Pero si parece constatable la voluntad presidencial de dificultar la vida de buena parte de la población migrante en Estados Unidos, amargando un poco más esa idea del ‘sueño americano’.