México y Guatemala desafían la indiferencia de la justicia ante el femicidio

El término “femicidio” se popularizó hace veinte años para denunciar el asesinato de mujeres. Al crimen por violencia de género se le denomina “feminicidio” en México, y “femicidio” en Guatemala. Aunque han habido intentos de diferenciar estos dos conceptos, ambos emergen como una forma de resistencia: para señalar que la vida de las mujeres importa, y que dichos crímenes no deberían resultar impunes. La impunidad contribuye a la normalización de la “máquina” femicida. Tal y como lo sugieren la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta “maquinaria” se encuentra respaldada por la desigualdad de género.

El femicidio es parte de una cuestión cultural más amplia relacionada con la desigualdad de género: la violencia de los hombres hacia mujeres y niñas, que afecta su dignidad, su integridad y su vida, y es parte de un orden de género que le otorga muy poco valor a la vida de las mujeres. En México y Guatemala, el asesinato suele ir precedido de palizas, mutilaciones, quemaduras, y otras formas de tortura y violencia sexual. El femicidio es un crimen tipificado internacionalmente, pero la gran mayoría de los casos acaban impunes, especialmente cuando se trata de mujeres que viven en la pobreza, o que provienen de pueblos originarios.

Tanto en México como en Guatemala, los grupos feministas desafían la indiferencia y la negligencia de la justicia, que conectan con la institucionalización de la desigualdad de género, la responsabilización de la víctima y el sensacionalismo inducido por el terror. Esta complicidad es la que lleva a las activistas a argumentar que el femicidio debería ser considerado un crimen de Estado.

México

En 1993 se evidenció un patrón de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La primera víctima fue una niña, Alma Chavira Farel. Ese mismo año, la primera coalición de organizaciones, madres, feministas y académicos denunció la violencia sistemática contra las mujeres que estaba teniendo lugar en Ciudad Juárez. Desde entonces, han surgido un gran número de organizaciones de la sociedad civil: Casa Amiga, Nuestras Hijas de regreso, Justicia para Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Ni una Más. La mayoría de las victimas de Ciudad Juárez han sido adolescentes y jóvenes adultas, muchas de ellas trabajadoras de las fábricas de maquila.

Las fábricas de maquila procesan materias primas provenientes de otros países, principalmente Estados Unidos, que luego exportan de vuelta para ser comercializadas en sus países de origen. Las compañías multinacionales se benefician de la mano de obra barata, a menudo contratando mujeres provenientes de pequeños pueblos o áreas rurales, que se presume son más dóciles ante los hombres. Es así que las mujeres terminan siendo exprimidas hasta la última gota, para ser luego reemplazadas por otras. Sus empleadores otorgan muy poca importancia a su bienestar, y es así como los derechos humanos terminan siendo violados en el proceso. A esto se suma que las fábricas se ubican en áreas desiertas, lo que viene a sumarse al contexto que soporta al femicidio: estas mujeres se encuentran al borde de áreas controladas por el crimen organizado, el narcotráfico y con la presencia de militares.

Con el auge de Las Mujeres Asesinadas de Juárez, los grupos feministas comenzaron a señalar que los feminicidios ocurrían también en otras regiones. Los primeros datos referentes a esta cuestión provinieron del Estado más poblado del país, el Estado de México (en el que se ubica la Ciudad de México), donde 840 mujeres fueron asesinadas entre los años 2011 y 2013. No está muy claro cómo fueron clasificados estos casos, ya que sólo 145 de ellos fueron investigados como femicidios. Adicionalmente, 1.500 mujeres desaparecieron entre los años 2005 y 2013, la mayoría adolescentes de entre 15 y 17 años. El patrón es similar tanto en Ciudad Juárez como en el Estado de México, en el quer coinciden también el crimen organizado, el poder económico y la corrupción.

Entre los años 2011 y 2014, el promedio de los femicidios se multiplicó por 5 y, entre 2013 y el 2015, fueron asesinadas 6.488 mujeres. En el año 2016, sólo entre enero y la mitad de octubre, han habido 3.000 casos de mujeres asesinadas, y 1.185 han sido identificados como femicidios. En México, un país con 120 millones de habitantes, el 77% de los femicidios no son procesados y una gran proporción de los cuerpos se quedan sin identificar.

Organizaciones comunales, junto con las familias de las víctimas, han denunciado la impunidad de la que es cómplice el Estado y han creado conciencia en la sociedad, lo que ha resultado en una reforma legislativa. En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el femicidio quedó especificado como uno de los crímenes que forman parte del Código Penal Federal en 2011. Actualmente, existen 49 organizaciones de mujeres y de derechos humanos que forman una coalición llamada el Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio. Esta organización monitorea los femicidios, la aplicación de la ley, y exige responsabilidades a las instituciones encargadas de prevenir y perseguir la violencia contra las mujeres.

Guatemala

El femicidio prevalece aún más en Guatemala, posiblemente el lugar más inseguro del mundo para las mujeres. En un país con 15 millones de habitantes, se estima que 6.500 mujeres han sido asesinadas entre los años 2000 y 2012, y el número sigue aumentando. Sólo en el año 2014, fueron asesinadas 766 mujeres, lo que da un promedio de 2 muertes por día. Aún así, sólo el 2% de los femicidios son procesados. Entre las más vulnerables, las mujeres que viven en la pobreza o vinculadas a la prostitución, quienes habitualmente han sido víctimas del tráfico de personas y viven bajo el control del crimen organizado.

Guatemala se ha convertido en pionera en la cuestión del reconocimiento del femicidio a resultas del trabajo de grupos activistas de mujeres que luchan por sus derechos, como el Grupo Guatemalteco de Mujeres, Mujeres por la Justicia, la Educación y el Reconocimiento y el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS). Pero a pesar de haber conseguido que se aprobara la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, el legado de la guerra civil que tuvo lugar en los años 60 sigue presente. El país cuenta con una democracia débil y un gobierno corrupto, lo que ha generado una cultura en la que el Estado y sus autoridades asumen pocas responsabilidades, y resulta en un alto nivel de impunidad para los femicidas.

El efecto de la combinación de los altos niveles de impunidad y la devaluación del valor que se le da a la mujer en una cultura dominada por el machismo y la misoginia, resulta evidente en la brutalidad de que son objeto los cuerpos de las víctimas. En su mayoría, las mujeres afectadas por el femicidio sufren violaciones, torturas y hasta mutilaciones.

Las reformas legales que han tenido lugar en México y Guatemala han dado lugar al reconocimiento a la existencia del femicidio pero, hasta el momento, no han producido mejoras evidentes. Ambos países tienen todavía pendiente asegurarse de detectar y procesar a los femicidas por sus crímenes. Aunque se ha elaborado un manual con el objetivo de mejorar la recolección de evidencia y la forma en la que se abordan estos casos, la efectividad de esta medida no está muy clara. Los cambios legales, para ser efectivos, tienen que ir de la mano de un compromiso al más alto nivel por la igualdad de la mujer.

Grupos de mujeres, familias y comunidades siguen marchando por la defensa de los derechos de las mujeres y, literalmente, por la protección de sus vidas. Las conexiones con organizaciones internacionales son vitales: es fundamental que la comunidad internacional demuestre que está viendo lo que pasa en México y en Guatemala, para presionar a los responsables de asegurar el cumplimiento de la ley, y así poder poner fin a la impunidad.