¿Deben pagar impuestos los robots para reemplazar la cotización de las personas a las que sustituyen?

La tecnología suele ir varios años por delante de las leyes, pero siempre hay excepciones. Desde mayo de este año, sobre la mesa del Parlamento Europeo descansa una propuesta, conocida como Informe sobre Personas Electrónicas, para adelantarse a la irrupción que la robótica podría tener en las empresas y en el sistema impositivo sobre el que se ha construido el estado de bienestar de la mayoría de los países. La idea es sencilla: los robots deben pagar impuestos o, al menos, eso es lo que pretende la europarlamentaria del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Mady Delvaux (Luxemburgo).

La premisa sobre la que se sustenta esta propuesta es que, en unos años, con la penetración de la inteligencia artificial en el mundo laboral, se destruirán miles de puestos de trabajo, que automáticamente se traducirá en una merma significativa de la recaudación de las arcas públicas, poniendo en entredicho la viabilidad del sistema que mantiene la seguridad social de los países del viejo continente. Mientras que este tema ni siquiera se debate en otras regiones, como Estados Unidos, donde los subsidios (como paro o sanidad pública) están menos extendidos, en Europa es una preocupación que se está extiendo al resto de países. En España, por ejemplo, el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha llamado la atención sobre este aspecto reclamando públicamente que los robots coticen a la Seguridad Social como si de un trabajador más se tratara.

Esta idea, que cuenta tanto con apoyos incondicionales como con detractores, propone “la creación de un estatuto jurídico específico para los robots, para que al menos los robots autónomos más sofisticados tengan la condición de personas electrónicas, con derechos y obligaciones específicas, entre ellas la de hacer reparar los daños que puedan causar, y la aplicación de la personalidad electrónica para los casos en que las máquinas toman decisiones inteligentes autónomas o interactúan con terceros independientemente”, según se desprende del documento entregado a la Comisión Europea. Para quienes dudan de la seriedad de la iniciativa, los expertos señalan que el proyecto entra en aspectos profundos y complejos, como si se debe o no crear un fondo general para todos los robots autónomos inteligentes o bien uno individual para cada categoría en función del tipo de máquina, así como si el pago debe hacerse al colocar el robot en el mercado, es decir, cuando una empresa lo ponga a trabajar, o si el impuesto debe subsanarse a lo largo de toda su vida laboral (como ocurre con los humanos).

Una premisa equivocada, ¿o no?

Mientras que desde los sindicatos se aplaude esta idea, David Ruiz de Olano, director de programas de Deusto Business School, considera que el debate parte de una premisa equivocada. “Los robots no quitan empleo; el hecho de intentar que paguen a la Seguridad Social para reemplazar la cotización de las personas a las que sustituyen es una hipótesis que no está demostrada”. Es más, considera que es errónea. Como ejemplo, se refiere a la multinacional de origen alemán Siemens, con fábricas donde más del 75% de la planta está totalmente automatizada, pero aun así emplean a miles de personas. En su opinión, “la innovación empresarial busca la competitividad, pero no destruye empleos; los crea de otro tipo, ya que permite generar puestos más cualificados”. Simplemente, se trata de un cambio de roles que ya se vivió, por ejemplo, durante la revolución industrial. Las máquinas asumen labores que antes hacían las personas, pero ¿quién desarrolla, mantiene o programa un robot?

Gayle Allard, economista de IE Business School, no comparte del todo esta visión. En su opinión, “la mecanización creciente tendrá tres consecuencias: mayor desigualdad, porque la cuota del trabajo en la producción se reduce frente a la del capital y porque los nuevos trabajos, si se encuentran, serán de menores sueldos y más precarios; menor crecimiento, porque la clase media tendrá menos para gastar; y menor recaudación”. Entonces, ¿deben pagar impuestos los robots en lugar de los seres humanos? Para esta experta, la solución no pasa por establecer una renta universal básica para cada ciudadano, ya que “es una propuesta demasiado radical”. Sin embargo, considera que los gobiernos deben ser previsores y actuar: “Harán falta más impuestos sobre los ricos, más redistribución, probablemente a través de subsidios a los salarios a los trabajadores, y un esfuerzo mucho mayor en la educación y la formación profesional”.

Para Javier López, socio de Ecija, bufete especializado en nuevas tecnologías y profesor de la Universidad Antonio de Nebrija, las autoridades europeas “están abordando la cuestión desde la perspectiva correcta, que es el impacto que la robótica y la inteligencia artificial tienen en los resultados económicos de las empresas, a efectos de fiscalidad y del cálculo de las cotizaciones, con el correspondiente efecto que ello tiene en el mercado de trabajo y el régimen de prestaciones de la Seguridad Social. En esta línea, en el apartado 23 del Informe sobre Personas Electrónicas invitan a los Estados miembros a reflexionar sobre esta cuestión y a considerar seriamente la posibilidad de introducir una renta básica universal. Entiendo que con ello se pretende atenuar el posible efecto que tenga la disminución de la oferta de puestos de trabajo por este motivo”.

Por el contrario, el experto de Deusto Business School es categórico: “No tiene sentido que los robots paguen impuestos; va a desincentivar la inversión en innovación”. En su opinión, se está abordando el problema desde un ángulo equivocado, como ya ocurrió con el canon digital en España (impuesto fijado a los CD y DVD por la piratería) y que el Tribunal Supremo acabó declarando ilegal. Para David Ruiz de Olano, el debate debería centrarse en cómo puede ayudar el Estado a fomentar la innovación: “Ofrecer incentivos fiscales a la inversión en I+D, en lugar de aplicar impuestos a los robots”.

Sin embargo, Javier López considera que la propuesta “no debería” ser un freno a la innovación, “ya que el apartado 3 del Informe sobre Personas Electrónicas indica expresamente que se congratula de que cada vez se estén financiando más proyectos de investigación con fondos nacionales y europeos y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los instrumentos financieros destinados a apoyar proyectos de investigación en materia de robótica y TIC”.

Reforma legislativa

Dejando los debates ideológicos a un lado, no se pueden obviar las dudas jurídicas que plantea una iniciativa de este calado. Ruiz de Olano considera que se están produciendo cada vez más casos de este tipo, que ponen a prueba los sistemas legislativos, como es el caso, por ejemplo, de los coches sin conductor. En su opinión, lo que el legislador “no debería hacer es intentar poner puertas al campo” a las innovaciones, sino más bien fomentarlas.

Para el profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y socio de Ecija, con la ley en la mano, “desde el punto de vista fiscal, con la normativa vigente en España no sería posible exigir el pago de un tributo a un robot”, ya que la regulación se refiere exclusivamente a las personas físicas. “Asimismo, con la legislación actual, tampoco podrían los robots estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social, ya que el concepto de persona electrónica no existe en el ordenamiento jurídico español”, al igual que tampoco en otros países.

Entonces, ¿qué características definen a una persona electrónica? Según se desprende de la propuesta presentada ante la UE, son aquellas con capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y/o mediante el intercambio de datos con su entorno (interconectividad) y el análisis de dichos datos; capacidad de aprender a través de la experiencia y la interacción; forma del soporte físico de robot; capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno. Según explica Javier López, además el informe establece que “la personalidad jurídica de los robots (al menos los más complejos) implica que puedan ser considerados personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos, incluido el deber de reparar los daños que puedan causar”.

Pero no hay decisión ni reforma que no tenga una doble lectura. Si bien es cierto que para poder aprobar que los robots paguen impuestos sería necesario modificar varias leyes en profundidad, un error en la redacción o un aspecto que no se tenga en cuenta podría dar al traste con el objetivo recaudatorio, ya que podría darse la paradoja de que, al igual que tienen deberes, los robots también podrían exigir, por ejemplo, el pago de una pensión por jubilación o el paro cuando tengan una avería que les impida trabajar. El abogado de Ecija explica que en el supuesto de que se hiciera una reforma que reconociera a los robots la condición de personas electrónicas, con la posibilidad de ser considerados trabajadores, entonces podría entenderse que sería obligatoria su afiliación a la Seguridad Social y su cotización desde el momento de iniciación de la actividad.

“Correlativamente, cumpliendo estos requisitos, deberían ser beneficiarios de los derechos aparejados a su pertenencia a Seguridad Social, ya que el Estado garantiza la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones contempladas legalmente, siendo nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la ley”, añade. Aun así, el abogado matiza que hay que tener en cuenta que, cuando se redactó la Ley General de la Seguridad Social en España (al igual que ocurre en otros países), el legislador sólo tenía en mente a seres humanos, por lo que la reforma que se hiciera debería ser estructural, para resolver cuestiones como el destinatario de las prestaciones económicas (robot o su dueño), forma de aplicar el régimen de jubilación o el de bajas laborales, entre otras muchas.