América Latina frente al crimen organizado

Todos los países del planeta, aún aquellos más ricos con instituciones más efectivas, poseen delincuencia organizada y “fallas” de Estado dentro de sus territorios. La cooperación internacional para el desmantelamiento de empresas criminales requiere de una coordinación y armonización internacional de políticas criminales, sociales, fiscales y legales hoy inexistentes, en temas tan diversos como armas, drogas, migración, medidas arancelarias, medio ambiente y ámbito financiero. Esta situación de descoordinación internacional de políticas públicas solo subsidia a la expansión de empresas criminales transnacionales.

Más allá de las definiciones académicas y técnico-jurídicas, una empresa criminal transnacional es un grupo organizado de personas físicas y morales que gestiona y realiza transacciones internacionales de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado), o de bienes y servicios legales (personas, automóviles, cigarrillos, o joyas) a través de medios ilícitos. Las estructuras organizacionales de estas empresas poseen siempre una primera dimensión superior de “directorios ejecutivos” (conformados normalmente por políticos y empresarios legalmente constituidos en varios países a través de registros de la propiedad mercantil). La segunda dimensión está compuesta de grupos armados internacionales, que están dedicados a brindar protección a las estructuras económicas de la empresa criminal y a gestionar sus transacciones. Cada grupo criminal tiene una tercera dimensión de franquicias económicas, presentes en varias jurisdicciones geográficas, que se dedican operativamente a implementar transacciones de bienes y servicios diversos (contrabando de mercancías, piratería, emigrantes, armas, drogas, etc) y a pagar cuotas a los directorios de las empresas criminales.

A través del análisis de expedientes judiciales en 109 países de África, Asia, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica desde 1993, mis equipos de trabajo han determinado que las empresas criminales transnacionales operan mundialmente en el intercambio “frecuente” de 23 tipos de bienes y servicios (más de 300 clases de drogas ilícitas representan solo un tipo de los 23 delitos organizados tipificados con mayor frecuencia). En esta lista se incluyen delitos muy variados, como la trata de seres humanos, el tráfico de personas migrantes, el tráfico de órganos, el tráfico de armas, delitos cibernéticos, contrabando, delitos contra el medio ambiente, piratería, extorsiones, secuestros, y tráfico de decenas de tipos de drogas. 

En el caso de empresas criminales latinoamericanas, la diversidad de delitos económicos organizados suma 22 cometidos en un total de 58 países, siendo el tráfico de material radioactivo la única excepción. Esta enorme diversidad de mercados criminales demanda que cada grupo criminal transnacional de mayor envergadura (como la organización mexicana Sinaloa y sus afiliados colombianos, la Cosa Nostra siciliana, la Yakuza japonesa, la Triad china, el MKM o Rehman Dekai  paquistaní o la organización rusa Vory v Zakone), opere en su conjunto en todos los países del orbe. De acuerdo a reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde el 1998 hasta la fecha, esta expansión internacional de grupos criminales ocurre con el fin de obtener insumos (por ejemplo, la captación de seres humanos para traficar desde los países más pobres) para luego establecer infraestructuras de producción y de distribución en países con mayor capacidad económica , y finalmente vender el producto o servicio e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países más ricos del planeta. América del Norte y Europa Occidental concentran el 68% del lavado de dinero mundial.

La coordinación internacional entre Estados y organizaciones para contener este flagelo transnacional deja aún mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles de todos los países se encuentran atomizadas y no cooperan en red. Por otro lado, los Estados normalmente se limitan a reaccionar y a coordinar parcialmente sus actividades operativas a nivel regional con el único objetivo de reprimir a un pequeño rango de tipos de delitos (mayormente ligado al tráfico drogas ilícitas), lo que genera como resultado un “boomerang” o paradoja de mayor corrupción y violencia. Esta paradoja de la represión lleva azotando a la mayor parte de los países latinoamericanos durante las últimos diez años.

Toda élite político-empresarial de países en transición rara vez está dispuesta a someterse a los más mínimos controles judiciales y patrimoniales. Vengo sosteniendo desde hace años que para que una transición hacia democracias funcionales con controles sociales (y no solo electorales) se traduzca en estables estados de derecho, los actores políticos (senadores, diputados, gobernadores y hasta los mismos presidentes) deben contemplar que pagarán un alto costo personal y/o político si no instituyen controles regulatorios a los propios delitos patrimoniales-electorales que benefician a la clase política. Similares o aún peores condiciones de inseguridad que las que vive hoy Latinoamérica se dieron en otros países tan diversos como Italia e Indonesia, donde finalmente sus élites político-empresariales en transición política sintieron en carne propia que el vacío de reglas de Estado que les había permitido acumular riquezas incalculables a través de comportamientos delictivos podría causarles un efecto boomerang de violencia y descontrol que se devoraría a sus propias vidas y a sus capitales políticos y económicos ilegalmente acumulados. Es así, por ejemplo en Italia durante los años 90 del siglo pasado, que las élites político-empresariales finalmente instituyen controles democráticamente acordados cuando no tienen otra salida y lo hacen bajo inmensa presión de la sociedad civil en las calles.

Estos vacíos presentes de capacidades institucionales se pueden convertir en la gran oportunidad para la región de abordar programas de cooperación internacional mucho más progresistas y menos sesgados por una torpe política “antidrogas”. Por ejemplo, avanzando mucho más allá del cumplimiento con la Convención ONU contra la delincuencia organizada, la Unión Europea ha venido adoptando desde 1995 políticas de seguridad que abarcan medidas dirigidas al más frecuente ejercicio de 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales para prevenir la delincuencia organizada en áreas sociales de alto riesgo donde existe pobreza. Estos programas han reducido las tasas de infracciones juveniles, delitos organizados y de reincidencia criminal, a niveles de entre 55% a 70% por debajo de los observados en EUA. En este contexto, el modelo de seguridad de EUA continúa fallando mientras que el de la Unión Europea continua produciendo mejores resultados de seguridad humana.

Lamentablemente, los indicadores usados en nuestra región para evaluar el éxito o fracaso en controlar a grupos criminales solo se focalizan en determinar si aumentan o disminuyen los homicidios dolosos ligados a drogas y algunos pocos delitos organizados que afectan a las élites, como los secuestros y las extorsiones. Estas cifras de delitos pueden descender pero eso no significa que las empresas criminales sean más débiles. El único indicador de resultados que realmente debería contar a la hora de demostrar que se controla a grupos criminales transnacionales, es la reducción consistente y sistemática en las frecuencias de todos y cada uno de los 22 tipos de delitos económicos organizados antes mencionados. La experiencia internacional nos indica que los países que contienen a grupos criminales a través de la reducción de estos delitos, requieren primero desarrollar simultáneamente cuatro tipos de políticas públicas: mejores controles judiciales; mejores controles no penales de los patrimonios que se originan en estos 22 tipos de delitos organizados; mejores controles de la corrupción política al más alto nivel; y mejores políticas públicas de prevención social del delito.

Al adoptar una política de seguridad humana integral, y no solo sesgada hacia una política antidrogas, los países de la región Latinoamericana podrán focalizarse en armonizar sus políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias (incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria no penal del consumo y produccion de drogas hoy ilicitas). La adopción de estas políticas regionales de desarrollo global le permitirán a la región tomar un rumbo de cooperación y de desarrollo humano realmente sostenido.

Autor: Dr. Edgardo Buscaglia es director del International Law and Economic Development Centre; investigador principal en la Universidad de Columbia (NY, EUA) y presidente del Instituto de Acción Ciudadana. Cuenta twitter: @edbuscaglia

Este blog pertenece a una serie a cargo de Carlos de Vega, editor invitado del Forum:Blog en español, corresponsal sénior y presentador en Deutsche Welle.

Imagen: REUTERS/Jorge Silva